Son entidades que colaboran con los servicios públicos de empleo, en la intermediación en el mercado de trabajo. No pueden tener ánimo de lucro y deben estar legalmente autorizadas. Realizan una función de contacto entre los trabajadores que buscan un empleo y los empresarios que necesitan trabajadores con unas características concretas. Las agencias privadas sólo cobran los gastos ocasionados por los servicios de contacto prestados.